Granada no quiere placas para fusilados

El PP no colocará un rótulo en memoria de los 2.500 asesinados en el cementerio local.

PURA RAYA - GRANADA - 26/09/2009 09:44
La moción presentada por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Granada y apoyada por Izquierda Unida para colocar en una de las tapias del cementerio de la capital una placa en memoria de los fusilados durante la Guerra Civil española no ha llegado a buen puerto.
Ayer, en sesión plenaria, los votos en contra del Partido Popular, que gobierna en la ciudad por mayoría, denegaron la propuesta. La decisión enervó a un ciudadano, familiar de una de las víctimas de la dictadura franquista, que abandonó la sala "por vergüenza".
El concejal popular Sebastián Pérez argumentó que dentro del camposanto, en el Patio de San Sebastián, ya existe un lugar para la memoria de Granada y que la iniciativa busca "seguir hurgando en las heridas". El edil, que puso en duda "si realmente hay buena fe", acusó a la oposición de querer "debatir sobre muerte" en vez de en temas tan preocupantes como la crisis económica.
El PSOE pidió al PP que hablara con las familias de los fusilados. Además, el concejal Isidro Olgoso expuso que no es comparable quienes murieron "en su cama rodeados de su familia" y los que fueron "enterrados como animales y obligados al olvido".
Por su parte, la edil de IU Lola Ruiz exigió "que no se oculte lo sucedido" y solicitó que la tapia, en la que fueron asesinadas más de 2.400 personas, sea declarada lugar histórico, una petición respaldada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH).
Miembros de la ARMH y de los dos grupos de oposición colocaron la placa en el exterior del cementerio el pasado 24 de julio. El Ayuntamiento la retiró días más tarde. Según ha recordado en varias ocasiones el vocal de la Asociación, Francisco Vigueras, en ese muro asesinaban cada noche hasta 80 personas, trasladadas de noche en los llamados "camiones de la muerte" desde la prisión.
La actitud del PP contrasta con la de Madrid, donde el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, retiró los honores a l dictador Francisco Franco.

Fuente: publico.es

La justicia internacional saca los colores a España

Excavación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria

Histórica en Milagros (Burgos). - REYES SEDANOsedano.

La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas.

DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00
El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.
Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".
"Inhumano y cruel"
El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.
El dictador Videla será juzgado en Argentina por 32 desapariciones
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.
La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.
En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
Martín Pallín: "Alguno todavía defiende la ley de Amnistía"
La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.
La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.
Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".
No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

Fuente: publico.es