miércoles, 11 de mayo de 2011
viernes, 4 de marzo de 2011
IU se adhiere a la querella contra las agencias de rating
a federación se personará ante la Audiencia Nacional // Será la quinta entidad que respalde la acusación contra las tres principales empresas de calificación
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La querella criminal contra las tres grandes agencias internacionales de rating –Standard & Poor’s(S&P), Moody’s y Fitch– ya está sobre la mesa del titular delJuzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y a ese escrito pedirá sumarse, “en los próximos días”, Izquierda Unida, en calidad de acusación popular, según confirmaron ayer jueves aPúblico desde la dirección federal.
Pionera en España, la querella ha sido impulsada por un grupo de abogados, dirigido por Gonzalo Boye y Jaume Asens, y se registró el pasado viernes en la Audiencia Nacional. El texto, de 55 folios, acusa a las agencias de calificación de “alterar los precios” en los mercados bursátiles y de usar en su propio provecho información privilegiada. “Modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos”, denuncia.
Los tres gigantes, que controla el 90% del mercado mundial, conculcarían, a juicio de los querellantes, los artículos 284. 2 y 285 del Código Penal, que prevén multas y penas de prisión de entre seis meses y cuatro años.
El escrito acusa a S&P, Fitch y Moody's de desestabilizar la economía en provecho de sus clientes
La Comisión Ejecutiva Federal de IU, reunida este pasado lunes 28 de febrero, no tuvo dudas de cómo actuar. Enrique Santiago, uno de los letrados promotores de la querella y secretario de Refundación, propuso la adhesión al texto y la personación como acusación popular. “Se aprobó de inmediato, sin la menor discrepancia. No hubo ningún problema”, señala Santiago. Si IU no se adhirió antes fue porque, para poder formalizar papeles ante el juzgado, hacía falta el acuerdo del órgano de dirección, y la ejecutiva se reúne cada dos semanas. Este último lunes tocaba cita, no el anterior.
Pendiente de tramitación
IU es, pues, la quinta entidad que respalda la acusación, suscrita por la Unión por las Libertades Civiles, ATTAC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio de los Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). “Prevemos que nos puedan apoyar más colectivos”, indica el responsable federal de IU, quien además confía en la “predisposición positiva” del Ministerio Público. El texto, de hecho, se apoya en declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en mayo de 2010 abogaba por “investigar y combatir la criminalidad económica” derivada de los “ataques especulativos contra la moneda europea”. Ahora, la Fiscalía deberá emitir su informe sobre la querella. Moreno decidirá después si la admite a trámite o si cabe practicar antes alguna verificación (como una comisión rogatoria) y también quién quedará personado definitivamente en la causa.
La ejecutiva federal se sumó sin matices a la petición de Enrique Santiago
España es el tercer país que ha llevado a los tribunales a las agencias de rating, tras EEUU y Alemania, como ya relataba este diario hace una semana. La querella denuncia un “claro conflicto de intereses” de las tres empresas, ya que sus clientes son las principales entidades compradoras de deuda (caso de los bancos). Cuando las agencias rebajan el nivel de solvencia de la deuda soberana –eso han hecho S&P, Moody’s y Fitch en 2009 y 2010–, desestabilizan la economía y agravan los problemas de financiación del Estado, ya que está obligado a pagar un interés más alto. "Mediante la rebaja en la calificación de deuda estatal realizada por las mismas [empresas] y su difusión, dichas agencias han puesto en duda la solvencia de las arcas públicas y la solidez del conjunto de la economía española, no así de las entidades crediticias o financieras que adquieren dicha deuda y que, además, son clientes de las propias querelladas", reza el texto en su página 39.
La rebaja de la calificación de la deuda soberana ha sido progresiva. En enero de 2009, S&Pla degradó de AAA a AA+, y en abril de 2010, la hundió algo más, de AA+ a AA. En mayo del año pasado, fue Fitch quien quitó un galón a la deuda, al pasarla de AAA a AA+. Finalmente, en el último septiembre, Moody's procedió también a castigar a España, al pasar la AaA a Aa1.
Con relación al artículo 285 del Código Penal, los querellantes recalcan que las calificadoras no sólo poseen información privilegiada, sino que son "generadoras" de ella, pues producen información "provocando una rápida respuesta del mercado". El uso de esa información produce beneficios. Así, el escrito puntualiza que las tres grandes firmas forman un "oligopolio a tres", en un negocio "de 3.000 millones de euros anuales (con escandalosos márgenes [de beneficio] del 50%". Y concluye el texto: "En términos de dinámica jurídico-penal es perfectamente asumible que el concepto indeterminado de mercado [...] tiene nombre, apellidos y razón social y, por tanto, son sujetos a los que se les deben exigir sus correspondientes responsabilidades penales y civiles derivadas del delito".
jueves, 24 de febrero de 2011
PSOE y PP suman votos en el Congreso para proteger los intereses de la banca
Miércoles, 23 de Feb de 2011
Se posicionan en contra de una iniciativa de IU-ICV para que se pueda saldar una hipoteca con la entrega de la vivienda. Los nacionalistas de CiU y PNV se abstienen en la votación por considerar “inoportuno” el debate el mismo día en que la FEMP anunciaba que los alcaldes de España pedirán al Gobierno que ponga en marcha una iniciativa idéntica.
EL PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Fue derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones.
La iniciativa parlamentaria de IU e ICV también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
IU e ICV pedían también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables. También se contempla la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad de crédito, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impide que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales”.
En la foto (de ArnauMonty, obtenida en Flickr, licencia Creative Commons) imagen de manifestación en Barcelona.
jueves, 10 de febrero de 2011
El expolio de una empresa solvente
Presa del Atazar
Matteo Guainazzi, Attac Madrid, Diagonal.
Cuatro consultoras han emitido sus informes para que el Consejo de Administración del Canal de Isabel II proceda a la privatización del abastecimiento de agua.
No es fácil reconstruir el estado del proceso de privatización del Canal de Isabel II debido al secretismo que está rodeando el proceso. En abril del 2010 el Canal contrató cuatro consultoras (BBVA, TINSA, Rothschid y Cuatrecasas) para estudiar los aspectos financieros, económicos, patrimoniales y de asistencia jurídica a la privatización. Los informes ya han sido entregados, pero su contenido todavía no ha sido transmitido al Consejo de Administración, como sería preceptivo. A falta de información oficial, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el Presidente del Canal y Vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González –aparentemente el gran impulsor de todo el proceso– han enviado sendos mensajes a través de la prensa en otoño 2010 advirtiendo que la privatización podría completarse en mayo del 2011, presumiblemente después de las elecciones autonómicas.
A 160 años de su fundación, el Canal de Isabel II es un ejemplo de gestión razonablemente eficiente de una empresa pública. La empresa ha producido un beneficio (después de impuestos) de 98,5 millones de euros en 2009, y preveía un resultado neto de 61 millones en 2010. Destinó el 0,8% de su presupuesto de 2007 (740 millones de euros en 2008) a proyectos de I+D+i, y la previsión era que alcanzara el 1,5% en 2010. Algunos de estos proyectos, junto a las campañas de concienciación ciudadana, han producido importantes resultados medioambientales, como la disminución en más del 30% del consumo individual entre 1991 y 2010, y del 13% en los últimos cuatro años.
Sin embargo, el modelo de gestión del Canal está lejos de ser transparente e inspirado por su función de servicio público. El Canal es la cabeza visible de un conglomerado multinacional de 35 sociedades anónimas. Entre ellas destaca el grupo empresarial Inasa, cuya matriz es la corporación Canal Extensia propiedad al 75% del Canal de Isabel II. Inasa ha sido muy activa en los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento en Colombia y otros países de Latinoamérica, y sus filiales se han caracterizado por la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas, la violación de los derechos laborales y sindicales, y un aumento de hasta diez veces en las tarifas de agua para los estratos sociales más necesitado, como se denunció en el Tribunal Permanente de los Pueblos en su ultima sesión en Madrid.
Oposición al proyecto
La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2008 incluyó dos artículos que prevén la transformación del Canal en una sociedad anónima. La Comunidad de Madrid justifica la privatización con el argumento de que no puede permitirse desembolsar los 4.000 millones de euros requeridos para la adaptación de las infraestructuras a la Directiva Europea Marco del Agua y para la construcción de dos nuevos embalses. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo nunca ha expresado la necesidad de estos nuevos embalses, y, aunque se tuvieran que afrontar inversiones de esta magnitud, el Canal de Isabel II podría sin dificultades conseguir financiación, gracias a su tamaño (740 millones de euros de ingresos en 2008) y solvencia.
Desde que las primeras noticias sobre el proceso de privatización del Canal de Isabel II se hicieron públicas, un amplio espectro de movimientos sociales y ciudadanos se ha unido a la plantilla del Canal para expresar su oposición al proceso. La oposición se basa en que las privatizaciones de las empresas públicas de agua y saneamiento en grandes capitales de países europeos siempre han mermado la universalidad de acceso a este recurso básico y las condiciones laborales de los trabajadores del sistema urbano de aguas.
Por poner un ejemplo, el sistema de privatización propuesto por la Comunidad de Madrid es idéntico al que se puso en marcha en la ciudad de Berlín en al año 1999, con Veolia y RWE repartiéndose el 49,9% de las acciones del antiguo proveedor público. Desde entonces los precios del agua han subido del 23%, la plantilla se ha reducido en más del 15%, y la calidad del agua ha empeorado sensiblemente. En Francia, un país donde el 80% de la población está atendida por operadores privados, los servicios cuestan el 44% más que los públicos. Por ello, la municipalidad de Paris remunicipalizó en 2010 la gestión del servicio debido a la subida de los precios y las deficiencias en el mantenimiento de la red. Desde entonces, los precios están estabilizados a un euro por metro cúbico, mientras que en el área suburbana, el llamado “Gran París”, la empresa Veolia cobra 2,93 euros por m3.
Movimientos y asociaciones unidos en la plataforma en contra de la privatización del Canal de Isabel II alertan de que la privatización conllevará el empeoramiento de la calidad del servicio, la disminución de las inversiones en infraestructuras, y el abandono de las medidas de ahorro y de salvaguarda del entorno, además de quitar los ingresos que las arcas públicas reciben de una empresa solvente. Los 2.200 trabajadores del Canal creen que la privatización repercutirá en la calidad y la estabilidad de sus empleos y han organizado cuarto movilizaciones entre noviembre de 2008 y enero de 2010.
lunes, 24 de enero de 2011
Lunes 24 de enero de 2011: 34 aniversario de los 'Abogados de Atocha'
20-01-2011. El 24 de enero de 1977 hace ya 34 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes. Fallecieron los abogados, Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz Huertas, Mª Dolores González, Luís Ramos y Miguel Sarabia.
Actos abogados de Atocha
A lo largo de estos años desde CCOO se ha impulsado, entre otras muchas cuestiones, actos y propuestas para dar a conocer lo que ha supuesto la lucha de estos compañeros por la libertad y por la democracia.
Fruto de estas propuestas, es el hecho de que cerca de 30 pueblos de nuestra comunidad incluido Madrid capital, tienen un reconocimiento, -un parque, una calle, una plaza, un monumento, un centro de formación, etc.- dedicado a estas víctimas del terrorismo. Por ello, cada año que pasa los que militamos en CCOO nos sentimos más orgullosos de haberlos tenido como compañeros.
Actos conmemorativos del 34 Aniversario, el lunes 24 de enero:
Ø A partir de las 8,45 horas, visita a los cementerios de Carabanchel y San Isidro
Ø 10,00 horas Ofrenda de coronas en el portal de Atocha 55 y minuto de silencio en la Plaza de Antón Martín, al lado de el monumento de "El Abrazo" de Juan Genovés
Ø 11,00 horas, Auditorio "Marcelino Camacho", Lope de Vega 40. Entrega del Premio Abogados de Atocha por parte del patronato de la Fundación Abogados de Atocha. En esta su séptima edición se propone premiar a abogados pertenecientes al Colectivo de Abogados Saharauis, abogados que sin ningún tipo de remuneración, arriesgan sus vidas y son defensores en los procesos penales que sufre el pueblo saharaui.
Ø También y en este mismo acto, se realizarán reconocimientos a otras personas de reconocido prestigio en su lucha por las libertades democráticas en nuestro país.
lunes, 10 de enero de 2011
Los pueblos piden al clero la devolución de bienes locales
La Iglesia católica ha registrado más de mil propiedades en los últimos 12 años gracias a una norma franquista (la Ley Hipotecaria, de 1946) que el Gobierno de José María Aznar amplió en 1998. Inicialmente, su artículo 206 permitió a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, a excepción de los "templos destinados al culto católico". En su primera legislatura, el PP retiró la excepción con el Real Decreto 1.867, sin llevarlo a debate en el Congreso de los Diputados. Gracias a esta ley, la Iglesia ha llegado a registrar catedrales por menos de 30 euros.
El privilegio se ha convertido en un problema para centenares de municipios en la última década, desde Alicante hasta Cáceres o León. La mayoría son pequeñas localidades, cuyos ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado o mantenido propiedades abandonadas durante décadas y muy deterioradas.
El Registro de la Propiedad no detalla cuántas ha registrado la Iglesia desde 1998, ya que figuran a nombre de diversas instituciones. El único informe que existe lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales son lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas ...). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
En diez años se han registrado por esta vía 1.086 bienes en Navarra
El clero registró desde la catedral de Pamplona, en 2006, hasta templos de pequeños municipios como Pardesivil (León), en 2009. La basílica pamplonesa siempre fue sostenida con fondos públicos (la última inversión fue de 15 millones de euros). En la pedanía leonesa, con ocho habitantes en invierno, sus vecinos invirtieron 6.000 euros para reparar la ermita, abandonada hacía 35 años. Cada registro supuso entre 20 y 30 euros.
El Arzobispado de Pamplona y Tudela entiende que fueron una "obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios". "La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud", asegura en un comunicado. "Si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales. No queremos nada que no sea nuestro", insta el ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún. "Y, hasta ahora, ninguno lo ha hecho", apunta.
Registros en la sombra
Los municipios encuentran dos problemas para realizar estas reclamaciones en los tribunales: muchos tienen pocos habitantes y no saben cómo actuar y, el más importante, el respaldo legal con el que cuenta aún la Iglesia.
Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia
La Ley Hipotecaria permite realizar estas inmatriculaciones sin el conocimiento público. Su artículo 206 da un privilegio especial al clero para realizar los registros: "Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, y no se requiere el visto bueno de ningún poder público ni notario", explica Belén Madrazo, directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
De este modo, la Iglesia mantiene un poder, que le fue otorgado en la posguerra, y que le da un rango equiparable a un organismo público. "La mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido", denuncia el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres.
El especialista encuentra una posible salida legal al problema: la inconstitucionalidad del texto. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas".
El respaldo legal de una norma franquista
¿Por qué la Iglesia no necesita notarios?
“Se les supone la rigurosidad a ellos”, explica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Desde que se aprobó la Ley Hipotecaria en 1946, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, edificios u otros espacios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo.
¿Quién equiparó su poder al de la Administración pública?
Para registrar terrenos y propiedades, Francisco Franco. En el caso de los templos, José María Aznar. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a la Iglesia católica (no a todas las confesiones religiosas) registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario puso coto a la Ley Hipotecaria y excluyó “los templos destinados al culto religioso” de esta posibilidad. En 1998, el PP retiró esta excepción.
¿Cuánto le cuesta incorporar una propiedad a su patrimonio?
El precio que paga la Iglesia es de entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que por “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de mil bienes del patrimonio navarro”.
miércoles, 6 de octubre de 2010
Doce billones muy agresivos en los mercados
La OCDE dice que los gestores buscan tapar agujeros con derivados y hedge funds.
Ni un solo euro del abultado déficit público español se debe al sistema público de pensiones, que sigue en superávit. Y lo mismo sucede en la mayoría de países de Europa. Entonces, ¿por qué se colocan siempre las pensiones en el paquete anticrisis?
"Los mercados lo exigen", contesta Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Y añade: "Lo que están haciendo los gobiernos es presentar paquetes para que los mercados les dejen tranquilos antes de las próximas elecciones y para ello deben incluir las pensiones".
Dentro de "los mercados", un agente muy relevante son precisamente los fondos privados de pensiones, cuyos grandes competidores son los sistemas públicos. Pese a su caída patrimonial como consecuencia de la crisis, estos fondos privados suman 12,7 billones de euros (12 veces el PIB de España y el 27% mundial), que están en manos de los traders.
"La presión de los fondos privados no sólo llega en forma de estudios que supuestamente demuestran la insostenibilidad del modelo público", subraya Carlos Bravo, experto en Pensiones de CCOO. "El otro elemento es que harán cualquier cosa para conseguir la máxima rentabilidad.Si para ello tienen que especular contra la deuda griega, pues lo harán. Y como mueven mucho dinero, tienen mucho poder", concluye.
En su informe de julio, la OCDE detallaba los instrumentos que utilizan los fondos privados de pensiones para tratar de tapar los agujeros. Y resultan ser las "inversiones alternativas" que llevaron a la crisis y que los gobiernos quieren regular.
"La presión para reducir las pérdidas está moviendo hacia inversiones alternativas; cada vez invierten más en derivados", narra la OCDE. Y añade el informe: "Veremos más vinculación entre los fondos de pensiones y los hedge funds, además de un apetito creciente hacia los derivados (...) Se espera que los fondos de pensiones sean actores cada vez más relevantes en estos mercados".
Contra la regulación
La ofensiva de la industria financiera para aguar o incluso frenar la regulación de los mercados opacos que contribuyeron a la crisis (over the counter) empieza a utilizar el argumento de los pensionistas. Vienen a decir: cuidado, que si reguláis estos mercados perjudicaréis al pobre jubilado.
Un extra sobre derivados del Financial Times lo explicitaba el pasado 2 de agosto. Empezaba así: "¿Qué tienen en común los planes de pensiones con el arcano mundo de los derivados over the counter? Si hay que creer a los principales managers, más de lo que piensas".
El sumario era aún más directo: "Hay temores de que el resultado de las reformas dañe a aquellos que dicen proteger".
